La Ley de Creación y Crecimiento de Empresas o Ley Crea y Crece, después de un intenso diálogo y colaboración del Parlamento, Comunidades Autónomas y demás actores económicos, fue aprobada el 28 de septiembre con el objetivo de facilitar la creación de empresas e impulsar el crecimiento del tejido empresarial español.
La Ley Crea y Crece es una de las reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia. El pasado 19 de octubre entró en vigor, a excepción del capítulo V que tendrá vigencia a partir del 10 de noviembre de 2022, y lo relativo a la facturación electrónica (artículo XII) comenzará a aplicarse un año después de su aprobación para empresas y profesionales con una facturación superior a 8 millones de euros, y para empresarios y profesionales con una menor facturación tendrán una adaptación de 2 años.
El objetivo de la Ley Crea y Crece está dirigido a fomentar el aumento del tejido productivo y dar respuesta a las exigencias y recomendaciones de diferentes organismos internacionales.
La Ley promueve la creación de empresas, su crecimiento y expansión sobre todo de pymes como pilares de la política económica. Establece mejoras en el proceso de crecimiento empresarial para aumentar la productividad, la calidad del empleo y la internacionalización.
Además, reduce las trabas a las que las nuevas empresas se enfrentan en su constitución y crecimiento, e introduce novedades para luchar contra la morosidad y agiliza e incentiva la constitución de nuevas sociedades mercantiles. Recuerda que si quieres iniciar tu propio negocio puedes capitalizar el paro para ello.
Algunas de las novedades contenidas en la Ley de Creación y Crecimiento de empresas son:
Esta ley establece un menor coste económico, posibilitando la creación de una Sociedad Limitada con un capital social de 1 euro (hasta la nueva norma el mínimo legal era de 3000 euros), con el fin de facilitar el uso alternativo de los recursos y favorecer el emprendimiento.
De igual forma, se introducen reformas telemáticas que facilitan específicamente la constitución de empresas, mediante la eliminación de trabas burocráticas de ventanillas y papeleo.
A través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE) se agilizan los trámites de forma telemática y rápida, para garantizar una reducción en los plazos de creación y registro. A tal efecto, la Ley recoge que notarios e intermediarios que asesoran, participan o tramitan la creación de estas sociedades tiene obligaciones informativas al respecto.
La norma incluye un periodo de pago como lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Así, establece que, como medida sancionadora, no podrán acceder a subvenciones públicas ni gestionar su identidad de negocio quien no cumpla los plazos de pago establecidos en la Ley de Morosidad. También se incluye para empresas la obligación de recoger en sus memorias anuales el periodo de pago a sus proveedores, y tener un indicador de facturas pagadas antes del máximo establecido en la normativa de morosidad.
A tal efecto se pone en funcionamiento un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, cuyo objetivo es llevar un seguimiento y análisis de los datos en los plazos de pago, promoverá buenas prácticas e incluirá la publicación de un listado anual de empresas morosas.
Se promociona el uso de la factura electrónica como medida obligatoria para digitalizar las transacciones comerciales, reducir costes y así facilitar la transparencia mercantil entre empresarios y profesionales.
Otras medidas aprobadas en la nueva Ley y que favorece el crecimiento del tejido empresarial son:
Se modifica la Ley de Garantía de Unidad de Mercado con el propósito de reforzar la cooperación entre las Administraciones Públicas y las distintas vías de protección de empresas, consumidores e inversores.
También, la nueva norma contempla, como medida de liberalización de comercio, la ampliación de actividades que se encuentren exentas de licencia, como son las empresas dedicadas al estudio de mercado o colocación y suministro de personal.
La Ley Crea y Crece ofrece mejor alternativa para una financiación distinta a la bancaria, impulsando el crowdfunding, la inversión colectiva y el capital de riesgo. La nueva Ley para el crowdfunding o financiación participativa intenta un mayor acercamiento a la normativa europea, promoviendo y permitiendo mayor flexibilidad en la prestación de servicios en países de la Unión Europea.
Se refuerza la protección de las inversiones grupales con el fin de reducir coste de capital, y a la vez que se elevan los límites de inversión de 2 a 5 millones para proyectos, y se modifican la cuantía de inversión por proyecto para inversiones minoristas, estipulando como el límite más alto de 1000 euros o el 5% restante de la riqueza.
Se impulsa al sector de capital de riesgo mediante la ampliación de grupos de empresas, inversoras de estas entidades, e incluso empresas financieras con alto componente tecnológico.
También, para el apoyo financiero al crecimiento empresarial se amplían fondos de deuda cerrados, destinados a empresas que hayan visto afectada negativamente su estructura financiera como consecuencia de la pandemia, ya sea para invertir en préstamos, facturas impagadas u otros efectos comerciales, y poder así mejorar su estado empresarial.¿Tienes dudas para crear tu empresa? Consulta a nuestros asesores en Valladolid sin compromiso.
Copyright Gestoría Castilla y León ©2024. Todos los derechos reservados. Avisos legales
